El alcance del pacto petrolero EE. UU.-Venezuela: entre la urgencia de inversiones y las dudas sobre la renta fiscal
31.08.2026
Washington asumirá el control de 17 yacimientos clave con el 21,5% de las reservas venezolanas. La opacidad en los términos tributarios y el giro ideológico del chavismo encienden el debate.
El alcance del pacto petrolero EE. UU.-Venezuela: entre la urgencia de inversiones y las dudas sobre la renta fiscal
El acuerdo energético anunciado por Washington y la administración interina de Caracas contempla ceder a Estados Unidos el control mayoritario sobre 17 yacimientos estratégicos en Venezuela. Estos campos albergan aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra que representa el 21,5% de las reservas totales del país caribeño (estimadas en 303.000 millones de barriles por la EIA).
La controversia por la renta tributaria: Los términos fiscales del anuncio generaron inmediatas discrepancias entre analistas económicos y la vocería oficial:
La denuncia de regalía colonial: Tras los primeros anuncios, el economista Francisco Rodríguez advirtió que el esquema implicaba un ingreso fiscal de apenas US$ 3,22 por barril producido (un 4,7% del valor de mercado). Esto ubicaría la retención estatal por debajo de los niveles de concesión otorgados durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hace un siglo.
La versión de la administración interina: En respuesta a las críticas, Delcy Rodríguez precisó que el convenio prevé un plazo de 25 años para alcanzar una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Con un precio de referencia de US$ 65 por barril, sostuvo que el Estado obtendrá US$ 209.335 millones totales (unos US$ 19 por barril, o el 29% del valor), aplicando un régimen de 16% en regalías mínimas y 34% de Impuesto sobre la Renta para ocho bloques no desarrollados.
A este esquema con EE. UU. se sumarían contratos adicionales con firmas internacionales como Repsol, Eni, Shell y BP para ampliar la capacidad de extracción.
La paradoja ideológica: el retorno a los años 90 Para justificar la entrega del control operativo a Washington, la mandataria interina argumentó la urgencia de captar tecnología, infraestructura e inversión extranjera para convertir el recurso en bienestar económico.
Sin embargo, especialistas del sector como Luis Pacheco (Instituto Baker) señalan que esta narrativa coincide exactamente con la que justificó la "apertura petrolera" de la década de 1990 —mecanismo atacado y revertido en su momento por el chavismo en nombre de la soberanía nacional—, lo que evidencia un giro pragmático forzado por la destrucción de la infraestructura de PDVSA.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
