Remate fallido y derrota política: Bullrich no pudo entregar la tierra y se quemó con el Manejo del Fuego
08.08.2026
En una jornada marcada por la represión externa y la fragilidad parlamentaria, el oficialismo debió amputar los artículos centrales de su ley insignia para evitar un colapso total en el recinto. Sin el aval para la extranjerización de territorios ni la desregulación de incendios, la administración de Javier Milei exhibe sus grietas frente a una resistencia social y política que logró torcerle el brazo.
Cenizas de una entrega que no fue
Remate fallido y derrota política: Bullrich no pudo entregar la tierra y se quemó con el Manejo del Fuego.
El Senado otorgó una media sanción agridulce a la bautizada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que llegó al estrado convertida en un esqueleto de lo que pretendía ser. Lo que el Gobierno promocionaba como una refundación del derecho de propiedad terminó siendo un texto desmembrado: Patricia Bullrich, en su rol de jefa de la estrategia legislativa, tuvo que sacrificar el "corazón" del proyecto —la libre venta de tierras a capitales extranjeros— y el polémico capítulo de Manejo del Fuego para rescatar apenas 37 votos. Esta cifra confirma el desgranamiento del bloque aliado, que supo ostentar 44 voluntades y hoy se muestra erosionado por el costo político de la entrega soberana.
La lectura política de la jornada arroja un saldo de debilidad para la Casa Rosada. La caída del capítulo de Manejo del Fuego no fue un accidente, sino el resultado de una "rosca" opositora liderada por el peronismo que logró sumar voluntades de bloques provinciales y del radicalismo, forzando al oficialismo a retirar el tema minutos antes de perder la votación.
El mensaje de las calles, donde una multitud resistió el embate policial, se filtró en un recinto donde hasta los aliados más dóciles empezaron a medir el impacto de votar contra la soberanía nacional, especialmente tras gestos simbólicos de peso como el reclamo por Malvinas de la selección nacional, que quebró apoyos previos.
Sin embargo, lo que sobrevivió de la ley mantiene un sesgo punitivo contra los sectores populares. Bajo el ropaje de la seguridad jurídica, se aprobó un sistema de "desalojos exprés" que pone en situación de extrema vulnerabilidad a millones de inquilinos, permitiendo restituciones inmediatas de inmuebles sin sentencia definitiva. Así, el Gobierno compensa su fracaso en la gran entrega territorial con una profundización del despojo cotidiano, blindando además a las empresas estatales ante futuras expropiaciones para asegurar que el remate del patrimonio público sea, esta vez, irreversible.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
