Soberanía en Tierra del Fuego: LeoLabs apela la nulidad de su radar en Tolhuin y busca llevar el caso a la Corte Suprema
27.06.2026
La Comisión Investigadora de la Legislatura analizó el fallo judicial que disolvió la firma por "interés público". A pesar de la orden de desmantelamiento, la empresa de capitales británicos y estadounidenses resiste judicialmente en la Cámara Civil y en la Jefatura de Gabinete de la Nación para reactivar el complejo en la estancia El Relincho.
Soberanía en Tierra del Fuego: LeoLabs apela la nulidad de su radar en Tolhuin y busca llevar el caso a la Corte Suprema
La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego, reactivada para auditar la instalación del radar de la firma LeoLabs en Tolhuin, mantuvo un encuentro clave con el Dr. Gustavo González, juez en lo Civil y Comercial N.º 2 del Distrito Judicial Sur, para evaluar el estado de la batalla legal en torno al polémico emplazamiento tecnológico montado en 2022.
El legislador Pablo Villegas (MPF), presidente del cuerpo, advirtió tras la reunión que el conflicto está lejos de cerrarse: “Está claro que la empresa no tiene intenciones de dejar la provincia ni las operaciones con el radar”.
La preocupación central de los parlamentarios radica en la estrategia de la compañía. LeoLabs apeló la sentencia de primera instancia del juez González —quien no solo decretó la disolución de la sociedad a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), sino que declaró la nulidad de su habilitación por razones de interés público—. Ante este revés, la firma hizo reserva del caso federal para forzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras la causa se dirime en la Cámara Civil.
En paralelo, se constató que la firma tramita un recurso de revisión ante la Jefatura de Gabinete de la Nación, intentando revertir la cancelación dispuesta originalmente por la Secretaría de Telecomunicaciones, una medida que se tomó tras las alertas de los ministerios de Defensa y Cancillería por el riesgo que la base representaba para la seguridad nacional y la soberanía en el Atlántico Sur.
Respecto a la situación actual en el terreno, en la estancia El Relincho, Villegas fue cauteloso. Si bien formalmente el radar no está operativo, la infraestructura física continúa intacta. “La Comisión aún no cuenta con un informe técnico fehaciente que certifique que el radar está fuera de operación”, admitió el legislador, dejando abierta la duda sobre el control real del Estado sobre los equipos.
El cuerpo legislativo —integrado también por Juan Carlos Pino, Raúl Von Der Thusen, Laura Colazo, Federico Sciurano, Natalia Graciania, Gisela Dos Santos y Matías Lapadula— analizará ahora un expediente de 5.000 fojas de documentación acumulada. Aunque el plazo original de la investigación parlamentaria vence en septiembre, no se descarta solicitar una prórroga ante la complejidad de un entramado que cruza lo societario, lo judicial y la geopolítica nacional.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
