Fondos públicos a la deriva: El Gobierno provincial sostiene la pauta oficial de una reforma constitucional que ya fue derogada.
06.06.2026
Pese a que la Legislatura rechazó el veto de Melella y ratificó la caída de la Ley 1529, los avisos estatales que convocan a la constituyente siguen activos en los medios. Cuestionamientos por el uso ilegal de recursos en plena crisis y la discrecionalidad en el reparto publicitario.
Fondos públicos a la deriva: El Gobierno provincial sostiene la pauta oficial de una reforma constitucional que ya fue derogada.
Ushuaia.- La insistencia de la Legislatura de Tierra del Fuego al derogar de manera definitiva la Ley Provincial N° 1529 —norma que declaraba la necesidad de la reforma constitucional— dejó al Ejecutivo provincial en una abierta ilegalidad administrativa respecto de la comunicación pública. Pese a que el proceso reformista carece de sustento legal vigente tras el rechazo del veto del gobernador Gustavo Melella, el Estado fueguino continúa financiando una millonaria campaña publicitaria en diversos medios de comunicación para promocionar una elección de convencionales constituyentes que hoy no tiene amparo institucional.
Esta continuidad de la pauta oficial abrió un fuerte frente de tormenta política y jurídica en la isla. Ya no se discute la oportunidad o conveniencia de modificar la Carta Magna de 1991, sino el destino y la legitimidad de los recursos públicos. Sostener el financiamiento de una estructura publicitaria para un proceso electoral cuyo marco normativo fue formalmente suprimido por el Poder Legislativo constituye una irregularidad abierta en la administración de las arcas del Estado.
La caja negra de la comunicación oficial
La persistencia de estos avisos "fantasma" reavivó una denuncia histórica de los trabajadores de prensa y empresas periodísticas de la provincia: la arbitrariedad, el uso político y la falta de transparencia en la distribución de la pauta estatal. Mientras el Gobierno provincial direcciona fondos fluidos para sostener la campaña de una reforma suspendida, los medios independientes y críticos de la gestión denuncian retrasos crónicos y asfixiantes en los pagos de sus órdenes de publicidad regulares.
Esta asimetría en los plazos de liquidación evidencia que el esquema de medios del Ejecutivo opera bajo criterios de premio y castigo, utilizando el dinero de los contribuyentes para sostener un relato oficialista y ahogar las voces disidentes. La asignación de pauta para una ley derogada expone el desprecio por los carriles institucionales y la priorización de la agenda e imagen del gobernador por encima de los controles democráticos.
Un gasto ilegal en una provincia en crisis
En un contexto subregional marcado por la recesión económica, la desindustrialización y la caída del empleo en los parques fabriles de Río Grande, la dilapidación de recursos en una campaña sin sustento jurídico agrava el malestar social. El argumento gubernamental de "modernizar el texto constitucional" se desmorona frente a la realidad de las cuentas públicas y la ilegalidad de sostener un gasto publicitario sin partida ni ley que lo justifique.
La Legislatura fue taxativa al sepultar la Ley 1529. Al sostener la campaña en el territorio de manera artificial, el Ejecutivo no solo desafía la división de poderes, sino que incurre en una flagrante desatención de las prioridades de la ciudadanía. La discusión ya se mudó del plano político al penal, y promete escalar mientras los avisos sigan circulando sin ley que los respalde.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
