El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, confirmó que el Municipio analiza avanzar con una presentación judicial ante el atraso en la transferencia de fondos de coparticipación, que ya suma 35 días y una deuda acumulada de 12 mil millones de pesos. “Son números límites para cualquier administración”, sostuvo el funcionario, y anticipó que el intendente Walter Vuoto definirá en los próximos días si se inicia el reclamo formal. “Se acabó la paciencia”, remarcó.
Iriarte explicó que el monto retenido equivale a cuatro meses de masa salarial, lo que coloca a la ciudad en una situación crítica. “Más que diálogo, hoy necesitamos hechos concretos de transferencia. Son recursos que pertenecen a los ciudadanos de Ushuaia y sostienen servicios básicos”, afirmó.
El funcionario insistió en la necesidad de avanzar en una Ley de Goteo, una herramienta que garantice la distribución automática de los fondos y evite que se utilicen recursos que no corresponden. “La Ley de Goteo debería asegurar que cada ente reciba su porcentaje y evitar que se toquen fondos de jubilados, de la obra social o de los municipios. Eso es un acto de irresponsabilidad”, señaló.
Iriarte advirtió que la situación ya impacta en áreas esenciales. “Hay sectores en alerta, como la recolección de residuos. Con este nivel de pérdida de recursos, contratos clave como Agrotécnica Fueguina y el transporte público corren riesgo”, alertó.
Desde el Ejecutivo municipal remarcan que, de recuperarse los fondos retenidos, Ushuaia pasaría a tener superávit, producto de una administración ordenada y sin deudas con organismos. Sin embargo, el escenario actual —marcado por la falta de transferencias— “se vuelve casi insostenible”.
