Maquillaje de seguridad: el Gobierno baja la imputabilidad a 14 años pese a que Argentina tiene los delitos juveniles más bajos de la región
09.03.2026
El Ejecutivo reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una demanda histórica de los sectores más punitivistas. La medida, aprobada en tiempo récord, genera preocupación por la falta de recursos, la desigual aplicación provincial y el impacto sobre adolescentes en un país con uno de los índices más bajos de delitos juveniles de la región.
Maquillaje de seguridad: el Gobierno baja la imputabilidad a 14 años pese a que Argentina tiene los delitos juveniles más bajos de la región
La reglamentación del Régimen Penal Juvenil reabre el debate sobre el punitivismo libertario. El Gobierno presenta la baja de imputabilidad como una bandera de orden, pero los datos muestran que Argentina tiene el índice más bajo de delitos cometidos por adolescentes en América Latina. Para especialistas, la medida funciona más como un dispositivo mediático que como una política eficaz de seguridad.
El Gobierno nacional oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una de las banderas históricas del sector más punitivista del oficialismo. Con la firma de Javier Milei y del ministro Juan Bautista Mahiques, la medida se presentó como una respuesta directa a la inseguridad, aunque los datos muestran un escenario muy distinto: Argentina es el país con menor índice de delitos cometidos por adolescentes en toda América Latina pagina12.com.ar.
La decisión aparece así como parte de un maquillaje de seguridad, una estrategia que busca reescribir el libreto libertario en un momento de fuerte desgaste económico y social. La ministra Patricia Bullrich defendió la norma asegurando que “está del lado del ciudadano”, pero evitó mencionar que la incidencia del delito juvenil es mínima y que la baja de edad tiene impacto marginal en las estadísticas delictivas.
El decreto obliga a las provincias a implementar un nuevo sistema procesal, aunque Nación aporta recursos escasos, lo que anticipa una aplicación desigual y con riesgo de profundizar la vulnerabilidad de adolescentes en contextos de pobreza. La oposición advierte que las medidas socioeducativas previstas difícilmente puedan cumplirse en un país con cárceles saturadas, institutos colapsados y presupuesto insuficiente.
Con 44 votos a favor y 27 en contra, el oficialismo logró apoyo de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, para especialistas, la reforma funciona más como un mecanismo mediático que como una política pública efectiva: un gesto simbólico que busca instalar la idea de orden mientras la inseguridad real se explica por factores económicos, desigualdad y desinversión estatal.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO


