Inocencia Fiscal o Impunidad Tributaria: La Ley que divide a Argentina

Inocencia Fiscal o Impunidad Tributaria: La Ley que divide a Argentina

 El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma tributaria que promete simplificación, pero que para los expertos desarma el control fiscal y favorece la evasión. ¿Es una modernización del sistema o un blindaje para grandes contribuyentes en plena crisis económica?

En medio de una crisis económica que golpea a todos los sectores, el Gobierno de Javier Milei ha presentado el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que, según sus defensores, busca reducir la persecución tributaria y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Sin embargo, desde el gremio de empleados fiscales de ARCA, la medida es vista como un blanqueo encubierto que debilita los controles y premia a los evasores.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es la eliminación del régimen de información de escribanos, una herramienta clave para el control de operaciones inmobiliarias y la lucha contra el lavado de dinero. Según la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), esta decisión abre la puerta a maniobras de lavado de activos, especialmente en sectores como el inmobiliario y el automotriz.

Además, el proyecto modifica los umbrales de evasión, elevando los montos a partir de los cuales se considera delito. Mientras que antes la evasión simple se castigaba a partir de 1,5 millones de pesos, ahora el límite se eleva a 100 millones, y en el caso agravado, de 15 millones a 1.000 millones. Esto significa que muchos evasores quedarán fuera del radar de la justicia, lo que genera preocupación entre los especialistas.

Otro aspecto clave es la reducción de los plazos de prescripción, que pasan de cinco a tres años si se presentó la declaración jurada. Esto limita la capacidad del fisco para investigar irregularidades y reduce la posibilidad de sancionar a quienes incumplen sus obligaciones tributarias.

Pero el punto más controversial es el blindaje fiscal que otorga la ley a quienes adhieran al nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias. Estos contribuyentes no estarán obligados a informar su patrimonio, y el Gobierno asegura que ninguna administración futura podrá perseguirlos. Para los críticos, esto legitima el incumplimiento y consolida la evasión como una práctica aceptada.

En un contexto de crisis económica, donde el ajuste golpea a los sectores más vulnerables y la recaudación fiscal es clave para sostener el gasto público, esta reforma plantea serias dudas sobre su impacto en la equidad tributaria. ¿Es realmente una modernización del sistema o un blindaje para los grandes contribuyentes? La respuesta dependerá de cómo se implemente y de la reacción de los sectores afectados.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO