«Casi el 70% de las denuncias son por empleo no registrado».

Castiglione habló sobre el aumento del trabajo informal en la Argentina.
«Casi el 70% de las denuncias son por empleo no registrado».

La ministra de Trabajo, Sonia Castiglione, fue consultada sobre los datos del INDEC que marcan que más del 60% de los jóvenes trabajan de manera informal. Los datos hablan de un 42% de los trabajadores con trabajo no registrado como promedio, la cifra llega al 77% en empleo doméstico, le sigue la construcción con un 76,6%, el trabajo en hoteles y restaurantes con un 63,2% y el comercio con un 51,9%.
Según datos del INDEC, más del 60% de los jóvenes trabajan de manera informal y la ministra de Trabajo corroboró que el 70% de las denuncias que se reciben tienen que ver con esta realidad. Lo atribuyó a un escenario de crisis, en el que surgen acuerdos entre empleador y empleado para cobrar un poco más pero no tener registro, y advirtió que esto impacta luego en las dificultades para llegar a obtener una jubilación. De las denuncias que recibe el Ministerio, el 70% son por empleo no registrado. La funcionaria aseguró que, ante una denuncia, el organismo responde con la inspección en 48 horas, pero también hay inspecciones de oficio.
Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años tienen un empleo no registrado y para la ministra “no hay un solo factor para que se dé este escenario". En toda época de crisis económica, el empleo en general se desdibuja de las normas establecidas. Yo no voy a demonizar a las empresas o a las pymes, porque en épocas de crisis hacen lo que pueden y los costos laborales se transforman en algo elevado. Por un lado, la empresa necesita gente para poder producir más, y a veces hacen un acuerdo con el trabajador para trabajar en negro. Esto pasa ante la necesidad del trabajador de tener un ingreso. Es una distorsión de lo que debiera pasar y de lo que está normado”, expresó.
“Hay un marco legal que hay que cumplir, pero estos escenarios se dan en escenarios de crisis económica, por baja del consumo o aumento de servicios. Lamentablemente, esto no es una novedad para el sistema laboral argentino, pero es un número más que alarmante. Hay otro aspecto que tiene que ver con la preparación del joven para salir del sistema educativo al mundo del trabajo, sobre todo en habilidades blandas. Nosotros tenemos el programa PROCEL, de entrenamiento laboral, y hacemos foco en las habilidades blandas. Nos hemos encontrado con situaciones recurrentes en los jóvenes, que se plantean si tienen que llegar justo a horario. Son situaciones que tienen que ver con el desconocimiento del ambiente laboral. “Les cuesta más a los jóvenes entrar en un marco de formalidad en el trabajo”, aseguró.
Asimismo, planteó una política nacional que se ha corrido de este tema. “Hubo solamente dos reuniones del Consejo Federal del Trabajo y estamos pidiendo permanentemente que se reúna, pero no convocan, y hay medidas que no están demasiado claras en la normativa. Por ejemplo, el tema de los colaboradores y monotributistas. Las empresas no entienden demasiado si pueden hacerlo o no y, como el costo es menor que tener al trabajador en relación en dependencia, lo ponen como monotributista. Hay muchas reglamentaciones que no están claras, sobre todo en los procedimientos, incluso en las declaraciones del 931, de la AFIP, y esto termina perjudicando al trabajador”, dijo.

Inspecciones que no llegan

Cabe recordar que hubo un reclamo del Centro de Empleados de Comercio a las áreas de Trabajo, tanto provincial como nacional, por la falta de controles, e incluso se habló del “costo político” de una clausura en este contexto de crisis. “Nosotros tenemos dos ejes de trabajo; por un lado, atendemos las denuncias por parte de gremios o individuos, que pueden ser anónimas. Esto se responde en el término de 48 horas hábiles y se generan las inspecciones necesarias. Después tenemos el tema de seguridad e higiene y somos el brazo ejecutor en el territorio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que nos envía un listado de distintas inspecciones que debemos hacer. El otro eje está vinculado con el trabajo de oficio que hacemos, cuando tomamos conocimiento de determinada empresa, sin necesidad de que haya una denuncia”, detalló.
Lo cierto es que “casi el 70% de las denuncias son por empleo no registrado y ahí se activa la inspección, la solicitud de documentación a los empleadores, en los plazos necesarios. Si hubiera incumplimiento, se generan los sumarios y multas, y estamos trabajando en una actualización de la ley 90, del Ministerio de Trabajo, porque hay algunos procedimientos que tienen que adecuarse. Hay que incluir la cuestión digital y estamos trabajando con ARCA en iniciar este proceso para tener la rúbrica digital del libro sueldos, para ahorrar un montón de costos a las empresas y hacer más fácil todo”, informó.

Acompañamiento a empleados y empresas

También la ministra contempló la necesidad de “acompañar al trabajador con capacitaciones, a la gente desocupada con herramientas para la empleabilidad, y también hay que acompañar al sector privado que da trabajo, para que pueda acomodar su situación y generar más puestos de trabajo”.
En el contexto actual no hay herramientas para regularizar que sean accesibles. “Es preocupante que el gobierno no acepte las moratorias como una de las herramientas. Hay gente que ha sido empleada durante muchísimos años en una empresa, no le han hecho los aportes correspondientes y nunca supo que esto estaba pasando. Hay un gran desconocimiento por parte de la gente en general de lo que es el sistema y cuáles son las obligaciones y derechos. Aceptar estar en negro es aceptar que no van a hacer aportes jubilatorios y son años perdidos para los aportes para la jubilación. Es preocupante que el gobierno nacional no tenga en cuenta la posibilidad de moratorias, porque hay un gran porcentaje de trabajadores que son despedidos o cambian de empresa, pero nunca preguntan cómo están con sus aportes”, concluyó.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO