Se violenta el derecho de defensa de las partes, cuestionó Victoria Vuoto

Ushuaia.- “Se declaró la causa de puro derecho y eso implica acelerar los plazos, en cinco días cada parte debe alegar y ya pasa todo a sentencia definitiva”, explicó Vuoto, al tiempo que objetó que “se violenta el derecho de defensa de las partes y se vulnera un sinfín de garantías constitucionales”, señaló en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
“Ayer (por el miércoles) nos notificaron de la resolución a última hora, lo cual generó preocupación, es un pronunciamiento que para nosotros trae aparejado una gravedad institucional muy grande”, dijo, al tiempo que agregó que el “STJ vuelve sobre sus propios pasos de manera infundada, la semana pasada habían sacado una resolución que rechazaba las excepciones previas de los municipios, y en la misma resolución convocaban al Fiscal de Estado y suspendían los plazos de la causa hasta tanto el Fiscal de Estado produzca prueba y conteste”, relató la funcionaria.
“Interpusimos un recurso de aclaratoria porque no quedaba claro en calidad de qué era citado el Fiscal de Estado y el tema de los plazos suspendidos, teniendo en cuenta que en el mismo momento el AREF presenta un recurso de reposición contra la convocatoria al Fiscal, mientras que el miércoles sacan la resolución donde no hacen lugar al recurso de AREF y dejan sin efecto la convocatoria al Fiscal”.
Vuoto explicó que “al Fiscal de Estado se lo convoca como parte necesaria, como no quedaba claro, presentamos ese recurso aclaratorio, donde se decía que era parte importante pero no se decía en calidad de qué era convocado, no nos responden y dejan sin efecto la convocatoria al Fiscal de Estado, lo cual nos parece grave la situación y tenemos serias dificultades para ver cómo está este proceso, y en las últimas dos semanas hubo dos resoluciones que nos dejaron en una posición de indefensión muy grande”.
Ante esto, adelantó que “estamos trabajando en las vías recursivas que consideramos pertinentes pero no puedo adelantar nada”. 
“Se declaró la causa de puro derecho y eso implica acelerarlos plazos, dado que cinco días cada parte debe alegar y ya pasa todo a sentencia definitiva, por lo cual nosotros propusimos la producción de prueba para poder acreditar el perjuicio que ocasionaría a los municipios una decisión contraria a sus intereses y la implicancia casi nula que esos recursos tenia para la provincia, es decir, hay que analizar el perjuicio al municipio al sacarle el 40% de los recursos propios y que eso trasladado al gobierno provincial implica el 0,18% de sus ingresos. Se violenta el derecho de defensa de las partes y se vulnera un sinfín de garantías constitucionales”, concluyó.

Fuente: Consenso Patagonico