Venta de tierras en Tierra del Fuego: la enajenación de predios por Nación vulnera la Ley 23.775
22.07.2026
La subasta unilateral de predios fiscales reabre un conflicto federal de fondo en la Patagonia austral. Expertos y sectores políticos advierten que la liquidación de inmuebles por vía administrativa desconoce el proceso de provincialización de 1990, atenta contra la autonomía territorial y obstaculiza la planificación urbana local.
Venta de tierras en Tierra del Fuego: la enajenación de predios por Nación vulnera la Ley 23.775
La discusión sobre el destino de los inmuebles de propiedad nacional en Tierra del Fuego trasciende un simple trámite administrativo sobre activos fiscales. Constituye un debate de poder, legalidad y arquitectura federal. La Ley 23.775 de provincialización definió que los bienes del antiguo Territorio Nacional debían transferirse a la órbita local, reservando únicamente al Congreso de la Nación la facultad de declarar reservas federales sobre áreas específicas.
La decisión del Ejecutivo central de disponer la subasta de estos inmuebles por vía de resoluciones administrativas prescinde del mandato de la Ley 23.775. No se trata de lotes ociosos: son áreas estratégicas conservadas por razones geopolíticas, logísticas y de proyección antártica que forman parte del patrimonio público regional.
Impacto en la planificación local
La enajenación sin aval legislativo ni concertación previa condiciona la planificación urbana, suspende el desarrollo de infraestructura social y genera incertidumbre jurídica sobre la titularidad del suelo. Asimismo, la medida reinstala una lógica centralista que fragmenta la toma de decisiones sobre el territorio fueguino y fuerza a la Provincia y a los municipios a operar sin previsibilidad a largo plazo.
La Patagonia austral exige un esquema de desarrollo coordinado y no la enajenación inconsulta de sus recursos territoriales. La Ley 23.775 constituye un marco constitucional vinculante: restablecer la legalidad requiere suspender las subastas unilaterales, garantizar la titularidad provincial del suelo y reactivar de inmediato las instancias de concertación entre la Nación, la Provincia y los municipios.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
