Tierra del Fuego aplica la Ley de Catastro con dos décadas de retraso y en pleno conflicto por las termas de Tolhuin
02.07.2026
Tras 20 años de postergación, la provincia implementa la verificación de parcelas urbanas y rurales. El director de Catastro, Martín Ibarra, confirmó que el Municipio de Tolhuin aún no presentó los planos por la polémica ampliación de la superficie del complejo termal.
Tierra del Fuego aplica la Ley de Catastro con dos décadas de retraso y en pleno conflicto por las termas de Tolhuin
Río Grande. – Tierra del Fuego comenzó a implementar este 1° de julio la verificación de subsistencia sobre parcelas urbanas y rurales, un procedimiento clave contemplado en la Ley Nacional de Catastro (sancionada en 2006) y en la normativa territorial vigente, que la provincia mantuvo cajoneado como una deuda histórica. La medida busca actualizar una base de datos estática para otorgar mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y evitar litigios por usurpaciones o desplazamientos de límites.
El director general de Catastro de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), agrimensor Martín Ibarra, reconoció en declaraciones a Radio Provincia que la puesta en marcha del sistema era «una deuda pendiente» tras seis años de gestión al frente del organismo. Aunque la implementación estaba prevista para enero de este año, debió postergarse para consensuar criterios operativos con los colegios de agrimensores y escribanos.
La nueva exigencia alcanza de forma obligatoria a las parcelas rurales cuya mensura supere los 30 años de antigüedad y a los inmuebles urbanos con más de 20 años desde su registración. Ibarra admitió el retraso de la jurisdicción al señalar que varias provincias argentinas aplican sistemas similares desde hace décadas, pero argumentó que para Tierra del Fuego representa un avance institucional sustancial para que el área no se convierta en un "cementerio de planos".
El vacío técnico en las termas de Tolhuin
El punto de mayor tensión política de la reforma impacta de lleno en el Municipio de Tolhuin y la reciente recuperación fáctica de su complejo termal. Respecto a las versiones que indican una polémica ampliación de la superficie del predio —que pasaría de 400 a más de 500 hectáreas—, Ibarra fue categórico al desmarcar al organismo provincial de la maniobra municipal.
“La Dirección General de Catastro todavía no recibió la documentación necesaria para analizar técnicamente esa información. En las constancias catastrales actuales no tenemos presentaciones efectuadas. Sabemos que han iniciado procesos de mensura, pero aún no se abrieron los expedientes formales”, disparó el funcionario, dejando al descubierto la precariedad administrativa que rodea al proyecto del intendente Daniel Harrington.
Ibarra explicó que el municipio contrató a un profesional privado para realizar las tareas de agrimensura tras el fallo judicial que les restituyó el predio, pero advirtió que mientras no exista un expediente formal, la supuesta ampliación carece de validez legal y es imposible validar las superficies reales. “Para hacer la inscripción del título primero tienen que determinar los objetos territoriales legales y las parcelas que serán objeto de derecho. Hoy no tenemos intervención porque el expediente no existe”, remarcó.
Ajuste de personal y el freno a la digitalización histórica
Detrás de los anuncios de modernización, la realidad operativa de Catastro exhibe las limitaciones estructurales del Estado provincial. Si bien el organismo implementó la tramitación digital para expedientes nuevos a partir de 2023, la digitalización del archivo histórico de la provincia permanece completamente paralizada. “Es una tarea que todavía tenemos en stand by”, reconoció Ibarra, quien proyecta una futura ley para que el resguardo digital sea el único válido.
Esta parálisis técnica coincide con un severo achicamiento de la estructura interna del organismo. La planta de personal de Catastro se redujo a apenas 33 agentes para cubrir todo el territorio provincial debido a jubilaciones y decesos no cubiertos desde 2020. Aunque el funcionario argumentó que la automatización de procesos permitió sostener el servicio, admitió la urgencia de incorporar profesionales específicos a mediano plazo para garantizar un recambio generacional que hoy se encuentra al límite.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
