Superávit, pero ¿A qué costo?. Falacias Libertarias el relato que se cae

 

Falacias libertarias

La primera falacia libertaria es que las leyes aprobadas no tienen fuentes de financiamiento. Milei miente cuando asegura que los legisladores de la oposición “no dicen de dónde se saca la plata”.  El argumento choca de frente con la realidad: el propio proyecto de aumento a los jubilados fue trabajado en las comisiones de la Cámara de diputados detalla seis mecanismos concretos para cubrir el gasto. 

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anualizado del aumento del 7,2 por ciento a jubilaciones y pensiones, junto con el bono de $110.000 y las mejoras a pensiones no contributivas, equivalía al 0,78 por ciento del PBI. Para cubrirlo, el proyecto incorpora seis fuentes de financiamiento:

• Reducción del presupuesto de la SIDE: reasignación de $32.616 millones del Programa 16 de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
   
• Eliminación de la exención del IVA para directores de sociedades anónimas: derogación del inciso f) del artículo 2° de la Ley 25.239 para gravar a este segmento de altos ingresos.
   
• Eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): derogación del artículo 29 de la Ley 25.300.
   
• Nacionalización de fondos de entes cooperadores (registros automotor, de la propiedad, etc.): obligación de transferir al Tesoro todos los ingresos recaudados por estos entes, hoy fuera del presupuesto, lo que aportaría más de $130.000 millones anuales.
   
• Fondo anticíclico: uso del excedente de esta reserva (presupuestada en $6 billones) para mejoras jubilatorias, disponiendo de unos $2,5 billones adicionales, equivalentes a 0,4 % del PBI.
   
• Reducción de recargos sobre la deuda con el FMI: destino directo de los 500 millones de dólares ahorrados a la mejora jubilatoria.

En conjunto, estas fuentes sumaban el 0,72 por ciento del PBI, casi la totalidad del costo anual de las medidas vetadas.

Según el CEPA, el costo de financiar el aumento a jubilaciones, el bono y las pensiones no contributivas en los últimos cinco meses de 2025 representaría una fracción menor de otras erogaciones recientes del Estado. Equivaldría, por ejemplo, a apenas el 22,77 por ciento del giro de utilidades que el Banco Central transfirió al Tesoro en abril por $11,98 billones, o al 39,51 por ciento del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo, que sumó $6,9 billones. Incluso, comparado con la capitalización de las Letras de Financiamiento (LEFI) en el mismo período —$3,77 billones—, el gasto previsional implicaría un 72,40 por ciento. Cifras que muestran que, más que un problema de disponibilidad de fondos, la negativa oficial responde a una cuestión de prioridades políticas.

Superávit, pero ¿A qué costo?

Si bien la moratoria previsional no cuenta con fuentes específicas de financiamiento, la oposición en la Cámara baja la puso en perspectiva frente al superávit fiscal. En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario positivo de $790.533 millones (unos USD 655 millones) y un superávit financiero de $551.234 millones. En el acumulado del primer semestre, el indicador mostró un superávit primario equivalente al 0,9 por ciento del PBI y un resultado financiero positivo del 0,4 por ciento del PBI, cifras difundidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Sin embargo, ese superávit no se traduce en más inversión social, sino que en su mayor parte se usa para pagar intereses de la deuda. En mayo y junio, lo que el Estado destinó a intereses capitalizables fue incluso más que el presupuesto para jubilaciones. Este mecanismo de capitalización permite mostrar cifras positivas, aunque la deuda siga creciendo. Según la OPC, en julio también hubo superávit pero la tendencia es la misma: el excedente va casi todo a los acreedores y no a reforzar la seguridad social, la educación o la salud pública.

Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la moratoria —que permitiría que 220 mil personas accedan a la jubilación— representa apenas el 0,08 % del PBI. “Solo el superávit financiero del primer trimestre, equivalente al 0,16 % del PBI, iguala lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó como el costo de dos años de moratoria”, explicó a Página/12 una diputada que trabajó en la iniciativa.

En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene sólo un 0,3% del PBI de costo fiscal según la OPC. En el Senado la ley fue aprobada con dos tercios de los votos, lo que deja mejores chances para insistir en el Congreso a pesar del veto presidencial. Danie Arroyo autor del proyecto dijo a ese diario: "No tiene impacto fiscal pero no se trata de impacto sino de deuda. El estado no actualizó el nomenclador en todo el año, aumento solo un 0,5 por eso es el Estado el que le debe a las personas con discapacidad y sus familias"

Débil con los fuertes

“Milei dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, sin embargo en la Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, pronunciadas el mismo día que Milei anunció la baja de retenciones al campo, exponen el problema de fondo: el Gobierno transfiere recursos a los sectores más concentrados de la economía mientras aplica un ajuste inédito sobre los sectores más vulnerables.

La lista de beneficios para los más ricos es extensa. La eliminación del impuesto a los Bienes Personales —que representaba alrededor del 0,4 % del PBI— alivió la carga impositiva de los patrimonios más altos. La reducción de la alícuota del impuesto PAIS —que el año pasado aportó el 5 % de toda la recaudación tributaria y este año podría haber sido aún mayor por el récord de consumo con tarjetas de crédito en el exterior— recortó una de las principales fuentes de ingresos fiscales. La baja de retenciones al agro implica una pérdida de entre 0,1 % y 0,2 % del PBI, mientras que la rebaja de retenciones a la minería significó resignar USD 9 millones de recaudación. Medidas que, sumadas, revelan que el “no hay plata” se convierte en un argumento selectivo: hay recursos cuando se trata de beneficiar a los sectores de mayor poder económico, pero no cuando se trata de sostener derechos básicos para la mayoría.

Fuente: PAGINA/12