Para presionar al Gobierno, la CGT y piqueteros se movilizan por despidos y subsidios

El Gobierno enfrenta este viernes el último test de envergadura en las calles antes de las fiestas. Se trata de la inédita movilización al Congreso que encabezan desde este mediodía los movimientos sociales y la CGT para presionar por Ley de Emergencia Social y exigir un acuerdo contra las suspensiones y despidos, mientras los gremios privados aguardan su demorado bono.

Se prevé que el acto central comience a las 16 frente al Congreso y que hablen dirigentes de la CGT y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Es la primera vez desde los años 90 que piqueteros, en este caso representados por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), marchan junto a los sindicatos de la principal central obrera, dos sectores que durante la última década se mostraron reticentes a confluir en acciones directas.

Las delegaciones del interior llegaron al mediodía a la Plaza Congreso y a las 14 concentraron los movimientos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, mientras que los gremios hicieron lo propio en Belgrano y Entre Ríos. El acto cerrará a las 16 sobre las escalinatas del Congreso, donde tendrán la palabra los líderes barriales Esteban Castro (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC); y por el triunvirato cegetista, a Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.

La convocatoria ganó volumen en los últimos días al sumar un amplio arco de organizaciones, como las pyme de CGERA, la Federación Agraria, y los jubilados, sectores en su momento cercanos al kirchnerismo. Por ello, los organizadores aspiran a reunir 200.000 personas, una cifra similar a la alcanzada por las CGT y las CTA el 29 de mayo pasado, según estimó entonces el sindicalismo, por la Ley antidespidos, que finalmente vetó Mauricio Macri.

"Vamos a poner toda la carne al asador", dijo a iProfesional el secretario de industria de CGT y líder del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer. En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica prevé movilizar a 10.000 trabajadores de las seccionales de Buenos Aires para expresar el malestar por los despidos masivos, producto de la recesión industrial y las importaciones. La filial del Tierra del Fuego realizó el jueves una manifestación para pedir la intervención de la gobernadora Rosana Bertone contra la rebaja de aranceles a los electrónicos importados.

En tanto, el temor a un nuevo veto presidencial tensionó el clima previo a la marcha, luego de que el Senado diera media sanción el miércoles a la Emergencia Social, que establece una suba del 15% mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, y la creación de un millón de nuevos empleos con fondos públicos. El jefe del Evita, Emilio Pérsico, advirtió que si el Gobierno anula la ley habrá una "reacción". "Sería una locura para las fiestas", aseguró.

En Azopardo, por otra parte, apuntan los cañones contra el empresariado, al cual responsabilizan en gran parte por los despidos, la inflación y la demora en entregar el bonode fin de año. En ese carril, la central difundió el jueves la pérdida de un 11,5% de los salarios frente a la inflación entre octubre del 2015 y septiembre de este año, y anticiparon que de persistir la inflación en niveles superiores al 1%, como ocurre, esa brecha se extenderá a las próximas paritarias.

Recién el miércoles el Gobierno oficializó el acuerdo con el gremio UPCN para otorgar en dos cuotas -diciembre y enero- un bono de hasta $3.500 a 130.000 empleados públicos de la administración central. Una señal que el macrismo adoptó para mostrar su "sensibilidad" de cara al fin de año, pero que ATE rechazó igualmente por considerarla "insuficiente", ya que según señalaron deja afuera a los estatales de las provincias y municipios, así como a contratados y monotributistas.

Si bien la marcha no pasará por Plaza de Mayo, como se especuló en algún momento, los gremios confederados confían en que de igual modo "va a generar urticaria en el oficialismo". En las últimas horas, Hugo Moyano agitó las aguas al advertir que si los funcionarios no toman medidas para frenar los despidos, "pagarán las consecuencias", y se congració con la madre de Cristina Kirchner, acusada de fraude al Estado.

La discusión por el empleo será planteada por la CGT el próximo jueves en una nueva reunión de la mesa del diálogo, en la que buscará sellar con los empresarios un compromiso voluntario para evitar las suspensiones y cesantías por tres meses. Se trata de una medida similar a la que adoptó Macri tras vetar la Ley antidespidos, cuya aplicación no impidió, sin embargo, la destrucción de casi 120.000 empleos en el año, según el INDEC.

En paralelo, el oficialismo tendrá que lidiar el jueves también con la oposición en Diputados(FpV, Frente Renovador, Bloque justicialista, Progresistas y Frente de Izquierda) que amenaza con alcanzar el quórum para sesionar en forma extraordinaria y darle la sanción final a la Emergencia Social, con un costo fiscal de $12.000 millones según el kirchnerismo, y de $50.000 millones de acuerdo con la calculadora de Cambiemos.

Fuente: @iprofesional