El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el fallo sobre la suspensión del proyecto petrolero en Malvinas
12.11.2026
Tras el cierre de los alegatos en Hamburgo, los jueces tendrán 17 días para definir si frenan el desarrollo del yacimiento Sea Lion hasta que se constituya el tribunal arbitral de fondo. La delegación argentina advirtió que, si no se dictan medidas cautelares antes de marzo de 2027, el daño será irreversible.
Litigio por los recursos en el Atlántico Sur
El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el fallo sobre la suspensión del proyecto petrolero en Malvinas
Hamburgo.– El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el próximo sábado 28 de noviembre la lectura de su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por capitales británicos e israelíes en aguas circundantes a las islas Malvinas, dentro de la plataforma continental correspondiente a la jurisdicción de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, el jurista camerunés Maurice Kamga, al término de las audiencias orales celebradas en Hamburgo. Si bien Buenos Aires aspiraba a una definición esta misma semana, el tribunal se tomará 17 días para deliberar sobre tres cuestiones centrales: su propia competencia para intervenir, la inminencia del daño ambiental alegado y si existe margen temporal para que actúe el Tribunal Arbitral del Anexo VII antes del inicio de las perforaciones.
En sus conclusiones finales, el agente argentino Mario Oyarzábal sintetizó el reclamo en cuatro puntos dirigidos al Reino Unido: suspender toda nueva perforación de explotación e infraestructura vinculada a Sea Lion en la cuenca norte; abstenerse de utilizar datos obtenidos en la etapa exploratoria; cesar los impedimentos para que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección ambiental bajo la Convención del Mar (CONVEMAR); y frenar el otorgamiento de nuevas licencias en el área disputada. “El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, afirmó.
El debate por la soberanía y el riesgo ambiental
Durante la ronda de réplicas, el jurista Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal no necesita pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la soberanía para dictar medidas cautelares, sino verificar que los derechos invocados por Buenos Aires sean plausibles. Enumeró siete hechos no refutados por Londres —entre ellos, que Malvinas figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que existen resoluciones que instan a no innovar unilateralmente— como marco jurídico ineludible.
Desde la vereda opuesta, la abogada británica Amy Sander argumentó que los planteos argentinos sobre el control ambiental y la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero carecen de sustento si no se presupone que la Argentina es el Estado ribereño, lo que a su juicio convierte el caso en un litigio de soberanía encubierto fuera de la órbita del TIDM.
La discusión técnica escaló al analizar el impacto ecológico. El asesor de la defensa argentina, Nico Schrijver, alertó sobre los riesgos acumulativos de una operación proyectada a 30 años, con 26 pozos, 60 kilómetros de ductos submarinos y un buque de producción anclado en una zona de meteorología extrema. Citando informes de la propia operadora Navitas Petroleum, subrayó que existe una probabilidad superior al 90% de que un eventual derrame mayor alcance aguas internacionales y disperse residuos hasta 220 kilómetros al norte del campo, afectando el ecosistema marino regional.
En respuesta, el abogado británico Guglielmo Verdirame KC apeló a la declaración de impacto ambiental del consorcio, asegurando que la probabilidad de un reventón es de uno cada 20.834 pozos. Además, cifró en 1.000 millones de dólares las pérdidas que sufriría la firma Rockhopper Exploration ante una eventual paralización, y cuestionó que Buenos Aires ampliara su pedido original —enfocado en la extracción prevista para 2028— para intentar frenar también las perforaciones preparatorias de marzo de 2027.
La carrera contra el calendario de 2027
El tramo decisivo de la audiencia giró en torno a la urgencia procesal. La delegación argentina presentó una estadística de seis antecedentes históricos que demuestran que constituir un Tribunal Arbitral del Anexo VII demora entre cuatro y nueve meses, plazo que superaría el 21 de marzo de 2027, fecha fijada para perforar el primer pozo. “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal arbitral podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, advirtió Schrijver.
Por el Reino Unido, Michael Wood refutó esa cronología citando el precedente del buque Arctic Sunrise para sostener que un tribunal arbitral puede expedirse con celeridad ante pedidos urgentes. Finalmente, la agente británica Sally Langridge pidió rechazar la totalidad de las cautelares argentinas, alegando que el perjuicio económico real recaería sobre los habitantes de las islas y las empresas inversoras.
Con los alegatos cerrados, el fallo del próximo 28 de noviembre marcará un punto de inflexión jurídico y geopolítico en el Atlántico Sur: definirá si las petroleras tienen vía libre para avanzar con la fase operativa en la cuenca norte o si el cronograma extractivo queda congelado a la espera del arbitraje internacional de fondo.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
