Avanzada por la tierra pública: Río Grande blindó los predios de la Armada para frenar la especulación e inmobiliarias del Gobierno nacional
27.08.2026
El Concejo Deliberante aprobó la declaración de interés municipal para los terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. El concejal Jonatan Bogado advirtió que la subasta de estos espacios bloquea el crecimiento urbano planificado y alertó sobre el impacto del parate industrial en la franja laboral de 35 a 50 años.
Avanzada por la tierra pública: Río Grande blindó los predios de la Armada para frenar la especulación e inmobiliarias del Gobierno nacional
Río Grande.— La decisión del Ejecutivo Nacional de liquidar inmuebles pertenecientes al Estado y a las Fuerzas Armadas encendió las alarmas en el ámbito legislativo de Río Grande. Tras la aprobación en el Concejo Deliberante de un marco normativo que declara de "interés municipal y estratégico para el desarrollo urbano" los predios de la Armada Argentina ubicados dentro del ejido municipal, el concejal Jonatan Bogado (Provincia Grande) fundamentó la necesidad de evitar que estas hectáreas clave queden supeditadas a la especulación inmobiliaria privada o a procesos de extranjerización.
La medida busca impedir que el Estado provincial y los municipios pierdan capacidad de planificación sobre sectores neurálgicos de la trama urbana. En el caso de Río Grande —cuyo crecimiento se encuentra condicionado por la propiedad privada de las tierras rurales circundantes—, la eventual venta de áreas como el Cono de Sombra, la exsuperficie de Suma o las parcelas linderas al acceso San Martín Norte y al aeropuerto anularía proyectos de integración vial, espacios verdes y desarrollo habitacional. Para el edil, la prioridad legal del uso de tierras públicas en desuso operativo debe ser la expansión de las ciudades y no la recaudación fiscal del Tesoro Nacional.
El trasfondo de esta iniciativa territorial se cruza con el deterioro de la matriz socioeconómica fueguina. Bogado remarcó que las consecuencias de la menor actividad en la industria electrónica bajo el régimen de la Ley 19.640 comenzaron a impactar de lleno en el comercio, los servicios y el consumo generalizado. Según el diagnóstico del legislador municipal, el fenómeno del desempleo ya no afecta únicamente a los jóvenes que buscan su primer empleo, sino que empezó a desplazar a trabajadores de entre 35 y 50 años con dos décadas de antigüedad fabril, un segmento que enfrenta severas barreras de reinserción en el mercado local.
Frente a este escenario, desde el espacio político conducido por el intendente Martín Pérez descartaron que los acuerdos puramente dirigenciales entre cúpulas políticas aporten soluciones efectivas a la crisis regional. La estrategia del oficialismo municipal pasa por concentrar los instrumentos parlamentarios en la contención de la economía familiar, la preservación del patrimonio público estratégico y la exigencia de políticas de Estado que protejan el empleo industrial en la Isla Grande.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
