El exsecretario de Energía, Moisés Solorza, denunció que la caída del amparo colectivo del Gobierno Provincial dejó a cientos de familias expuestas a los cortes de gas ejecutados por Camusi en plena ola polar. Con aumentos del 860% y deudas millonarias de la empresa con el Estado, la crisis energética se transforma en una emergencia humanitaria.
La crisis energética en Tierra del Fuego alcanzó un punto crítico. En medio de temperaturas extremas, más de 150 familias en Tolhuin, 70 en Río Grande y 45 en Ushuaia sufrieron el retiro de medidores de gas por parte de Camusi Gas del Sur. La situación, denunciada por el exsecretario de Energía Moisés Solorza, expone una combinación explosiva: tarifazos, inacción estatal y una empresa con deudas millonarias que corta el suministro sin alternativas de pago.
Solorza calificó los cortes como “un atentado contra la vida”, especialmente en hogares con niños y adultos mayores. Según su análisis, el Gobierno Provincial dejó caer el amparo colectivo que buscaba frenar los aumentos y los retiros de medidores. “La provincia no alimentó el expediente, y la Cámara Federal terminó fallando a favor de la empresa”, afirmó.
Los aumentos tarifarios agravan el cuadro: el gas natural subió 860% y la electricidad 1560% desde el inicio de la gestión nacional. Para muchas familias, las facturas superan los 150.000 pesos, volviendo imposible sostener el servicio. “La gente tiene que elegir entre comer o pagar el gas”, sintetizó Solorza.
A esto se suma una denuncia estructural: Camusi mantendría una deuda superior a los 50 millones de dólares con la provincia por obras de infraestructura financiadas con fondos públicos que nunca fueron reintegrados. “Es una vergüenza que la segunda provincia productora de gas esté indefensa frente a una empresa que debe millones y corta el servicio sin contemplación”, sostuvo.
El exfuncionario también alertó sobre la eliminación de controles de calidad del gas, la falta de inspecciones y la ausencia de organismos técnicos nacionales tras el desmantelamiento del INTI. “Estamos a la deriva. No hay Estado, no hay control y no hay defensa para los usuarios”, remarcó.
Frente a este panorama, Solorza recomendó a los vecinos acudir a asociaciones de consumidores y avanzar con amparos individuales, mientras exige que el Gobierno Provincial retome una postura activa. “Hay elementos suficientes para pedir la quita de la concesión a Camusi. Esto debe llegar a la Corte Suprema. Los vecinos no pueden seguir sufriendo estos atropellos porque la política se lo permite”, concluyó.
Entrevista Daniel Puebla en Aire Libre FM 96.3Mhz a Moises Solorza
Fuente Radio + Multimedia 104.9
