Freites cuestionó la desición gobierno nacional de subastar de tierras nacionales y exige que la Nación respete la Ley 23.775: “No pueden vender lo que no es suyo”
23.07.2026
La diputada fueguina Andrea Freites cuestionó la decisión del Gobierno nacional de subastar tres predios en Ushuaia y Río Grande. Sostuvo que esos inmuebles pertenecen a la Provincia en virtud de la Ley 23.775 de Provincialización y reclamó suspender el proceso hasta revisar su situación nominial. Denunció falta de federalismo, improvisación administrativa y riesgos para la soberanía territorial en la Patagonia austral.
Subasta de tierras nacionales y la diputa Andrea Freites exige que la Nación respete la Ley 23.775: “No pueden vender lo que no es suyo”
Un conflicto federal que vuelve al centro de la escena
La controversia por la venta de tierras fiscales en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada nacional de Unión por la Patria, Andrea Freites, rechazara la subasta impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre tres predios ubicados en Ushuaia y Río Grande. La legisladora sostuvo que el Estado nacional carece de facultades para disponer de esos inmuebles, porque la Ley 23.775 de Provincialización dispuso su traspaso al dominio provincial, salvo excepciones definidas por el Congreso.
Para Freites, la subasta no sólo es improcedente: es ilegal.
El artículo 15 de la Ley 23.775 como eje del reclamo
La diputada explicó que el punto central del planteo se encuentra en el artículo 15 de la Ley 23.775, que ordenó la transferencia de los bienes nacionales existentes en Tierra del Fuego a la Provincia, excepto aquellos afectados a un uso específico o reservados por ley dentro del plazo previsto. “Estos terrenos que hoy están en subasta no están en esas condiciones. Corresponden a la jurisdicción provincial y el Poder Ejecutivo Nacional no tendría potestad para subastar algo que no es suyo”, afirmó.
Desde esa interpretación, Freites consideró “incorrecto” que se plantee que la Provincia o los municipios deberían participar de la subasta para recuperar los inmuebles. “Antes de discutir quién puede comprarlos, hay que determinar si la Nación tiene derecho a venderlos”, remarcó.
Gestiones legislativas y pedido de documentación
Freites confirmó que ya presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados y solicitó una reunión con autoridades de la AABE para conocer la documentación que sustenta las subastas. La iniciativa surgió tras analizar la situación junto a la secretaria de Hábitat del Municipio de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, quien también cuestionó el procedimiento adoptado por el Gobierno nacional.
El pedido de informes incluye los dos inmuebles ubicados en Ushuaia —entre ellos el de Bahía Golondrina— y un tercer predio en Río Grande, cercano a la ruta complementaria C, incorporado recientemente al proceso de venta.
Críticas al modelo de gestión de tierras del Gobierno nacional
La diputada cuestionó el modo en que la AABE lleva adelante la venta de inmuebles en distintos puntos del país y rechazó que esa política pueda interpretarse como una expresión de federalismo. “Pareciera que toman un Excel o un mapa y empiezan a ver en qué lugares tienen terrenos fiscales nacionales para salir a subastarlos sin siquiera comunicarse con los gobiernos municipales y provinciales”, sostuvo. “No veo un gobierno federal; las pruebas están a la vista”, agregó.
Soberanía, territorio y geopolítica: el trasfondo del debate
Freites reiteró además el rechazo de Unión por la Patria al proyecto que modifica el régimen de tierras rurales, actualmente en tratamiento en el Senado. Aseguró que la iniciativa elimina normas destinadas a proteger el territorio, los recursos naturales y la soberanía nacional. “Hay muchas normas que cuidan el territorio, la ubicación geopolítica y los recursos naturales. Este proyecto pretende modificar gran parte de esa legislación y nosotros no acordamos con eso”, afirmó.
La diputada insistió en que cualquier decisión sobre los predios debe considerar la posición estratégica de Tierra del Fuego. “No se trata de vender terrenos en cualquier provincia. Tierra del Fuego tiene una importancia geopolítica y soberana que hay que cuidar”, señaló.
Un llamado a ordenar la legalidad y recuperar la coordinación federal
Para Freites, el camino es claro: revisar la documentación, determinar la titularidad real de los inmuebles y abrir una instancia de diálogo institucional entre Nación, Provincia y municipios. “Primero hay que ordenar todo esto y después discutir qué corresponde hacer con esos predios”, concluyó.
Fuente: Radio + 104.9 multimedia y CONSENSO PATAGONICO
