Remate energético: Milei entrega las represas y pone en jaque la soberanía nacional

Remate energético: Milei entrega las represas y pone en jaque la soberanía nacional

El gobierno de Javier Milei oficializó la venta de las principales centrales hidroeléctricas del país, en una maniobra que despierta fuertes críticas por su impacto en la soberanía energética, el control de recursos estratégicos y el futuro del desarrollo nacional. ¿Qué se pierde cuando el Estado se retira de lo esencial?

En una decisión que marca un antes y un después en la política energética argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la venta de cuatro de las principales centrales hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del plan de desregulación y privatización que impulsa el Ejecutivo, con el objetivo declarado de reducir la participación estatal en sectores clave de la economía bocadepozo.com.ar.

Pero detrás de los tecnicismos administrativos y las resoluciones ministeriales, lo que está en juego es mucho más profundo: la entrega de activos estratégicos que garantizan el abastecimiento eléctrico, la planificación energética y el control sobre recursos naturales fundamentales. En otras palabras, el Estado argentino se retira de uno de los pilares de su soberanía.

¿Qué se está vendiendo?

Las represas involucradas no son instalaciones menores. Se trata de complejos hidroeléctricos que generan una parte significativa de la energía eléctrica del país, ubicadas en la región del Comahue, una zona clave para el sistema interconectado nacional. Estas centrales fueron administradas por el Estado a través de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina, y su reversión había sido planificada como parte de un proceso de fortalecimiento del control público sobre la infraestructura energética.

Sin embargo, el gobierno decidió avanzar en sentido contrario. A través de la Circular Modificatoria N.º 4 del Concurso Público Nacional e Internacional N.º 504/2-0001-CPU25, se aprobó la venta total del paquete accionario de las sociedades que operan estas represas. La resolución establece que la medida entra en vigencia de forma inmediata y que la información debe difundirse en medios oficiales, portales internacionales y la Secretaría de Energía bocadepozo.com.ar.

¿Por qué es grave?

La privatización de estas centrales implica varios riesgos concretos:

Pérdida de soberanía energética: Al entregar el control de las represas a empresas privadas, el Estado pierde capacidad de decisión sobre el uso, mantenimiento y expansión de estas infraestructuras. Esto afecta directamente la planificación energética nacional.

Desprotección ante intereses extranjeros: En un contexto global donde los recursos naturales son cada vez más disputados, entregar activos estratégicos abre la puerta a que capitales extranjeros definan políticas energéticas en función de sus propios intereses.

Impacto en tarifas y acceso: La experiencia histórica muestra que la privatización de servicios públicos suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en mantenimiento y exclusión de sectores vulnerables. La energía no es una mercancía más: es un derecho básico y un insumo esencial para el desarrollo.

Desarticulación del sistema eléctrico: Las represas no funcionan de forma aislada. Son parte de un entramado técnico y logístico que requiere coordinación estatal. Fragmentar ese sistema puede generar ineficiencias, cortes y falta de previsibilidad.

El modelo Milei: ¿libertad o entrega?

El presidente Javier Milei ha defendido su plan de desregulación como una forma de “liberar” la economía de las ataduras del Estado. Bajo esa lógica, todo lo que pueda ser gestionado por privados debe ser entregado, sin importar su función estratégica o su impacto social.

Pero esta visión choca con la realidad de los países que han logrado desarrollarse de forma sostenida. En Europa, Asia y América del Norte, el Estado cumple un rol central en la planificación energética, la inversión en infraestructura y la regulación del mercado. Incluso en economías de mercado, las represas y centrales eléctricas suelen estar bajo control público o mixto.

La entrega de las represas argentinas no representa una modernización, sino una regresión. Es volver a los años 90, cuando se privatizó sin control y se desmantelaron capacidades estatales que luego costó décadas reconstruir.

¿Quién gana con esta venta?

Los beneficiarios potenciales son grupos económicos que ya operan en el sector energético y que buscan ampliar su poder de mercado. También podrían ingresar capitales extranjeros interesados en activos de bajo riesgo y alta rentabilidad. En ambos casos, el interés no es el desarrollo nacional, sino la maximización de ganancias.

Además, la venta se realiza en un contexto de debilidad institucional, crisis económica y falta de debate público. No hubo consulta ciudadana, ni informes técnicos independientes que avalen la decisión. Todo se resolvió por vía administrativa, en tiempo récord y con escasa transparencia.

¿Qué dicen los gobernadores?

Los mandatarios provinciales de Río Negro y Neuquén han respaldado la medida, argumentando que traerá “más ingresos, más obras y más futuro”. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por sectores sociales, sindicatos y especialistas que advierten que los beneficios inmediatos no compensan la pérdida de control sobre recursos estratégicos.

En el fondo, el apoyo de los gobernadores responde a una lógica de supervivencia política y financiera. En un país asfixiado por la deuda y la falta de recursos, cualquier ingreso extra parece bienvenido. Pero esa urgencia no debe justificar decisiones que comprometen el futuro.

¿Hay alternativa?

Sí. La reversión de las concesiones hidroeléctricas al Estado era una política que venía gestándose desde hace años, con el objetivo de recuperar el control público sobre la generación eléctrica. Esa estrategia permitía planificar a largo plazo, invertir en mantenimiento y garantizar el acceso universal a la energía.

Además, existen modelos mixtos que combinan participación estatal y privada, con reglas claras y objetivos de desarrollo. Lo que no se puede hacer es entregar todo sin condiciones, sin debate y sin garantías.

Conclusión: ¿de remate o en emergencia?

La venta de las represas es una señal preocupante de hacia dónde se dirige el país bajo el gobierno de Milei. No se trata solo de una operación económica, sino de una definición política sobre el rol del Estado, la soberanía nacional y el modelo de desarrollo.

En lugar de fortalecer capacidades públicas, se opta por desmantelarlas. En lugar de proteger lo estratégico, se lo entrega. Y en lugar de construir futuro, se hipotecan las bases del presente.

La energía es poder. Y cuando ese poder se entrega, lo que se pierde no es solo infraestructura: se pierde autonomía, justicia social y posibilidad de decidir nuestro destino.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO