Las universidades dan pelea en el Congreso y se preparan para salir a la calle.

Buscan adhesiones entre los diputados para sancionar la Ley de Financiamiento
Las universidades dan pelea en el Congreso y se preparan para salir a la calle.
El frente conformado por gremios, estudiantes y rectores se reacomoda para enfrentar el desfinanciamiento, que es más agudo que el del 2024.

El frente gremial volverá a las calles para acompañar el recorrido de la ley. . Imagen: Guido Piotrkowski

La pelea en defensa de la universidad pública y contra el desfinanciamiento que impone el gobierno de Javier Milei va escalando. El frente conformado por los estudiantes, gremios y rectorados presentó el miércoles un proyecto de ley de financiamiento –a ocho meses del veto presidencial– y prepara nuevas manifestaciones en las calles. Ante un ahogamiento, que es peor que el del 2024, están decididos a sacar la norma adelante y comenzaron reuniones con legisladores de todo el país. Guillermo Francos ya anticipó que vetarán cualquier ley que vaya “contra los principios básicos” del Ejecutivo, lo que hace esperar un escenario de conflictividad similar o mayor al del año pasado. “Mes a mes estamos sufriendo la renuncia de docentes que dejan el sistema universitario público por los malos salarios”, advirtió el director del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa. Es por eso que el Frente Universitario prepara acciones para acompañar el tratamiento del proyecto en el Congreso.

El proyecto de ley, que fue trabajado en los últimos meses por representantes del frente sindical (que engloba a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria (FUA) y el CIN, tiene una característica que busca blindarlo: establece una fuente de financiamiento definida, que no genera un nuevo impuesto ni altera el déficit ni el equilibrio fiscal que pregona el gobierno y que fue el argumento del veto de MIlei. Para eso, definieron una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal. Además, fija metas de incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5 por ciento del PBI en 2031 y crea un fondo especial para el desarrollo de carreras estratégicas. 

“Esta ley que no es otra cosa que subsanar un tema con el que venimos hace dos años y es que no tenemos presupuesto nacional y por lo tanto no tenemos fuente de financiamiento universitario”, le dijo Alpa a Página/12 y advirtió sobre las complicaciones que se están viviendo en las 62 universidades públicas en todas las provincias: “Se nos están yendo los docentes, los investigadores y estamos perdiendo en el sistema y estamos perdiendo el futuro del país”.

La iniciativa también contempla convocatorias regulares a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, y refuerza el sostenimiento de programas de becas y bienestar estudiantil con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación. La expectativa de la comunidad universitaria es que en esta semana se pueda debatir el proyecto en las comisiones de Educación y de Presupuesto y que llegue al recinto en la semana del 19 de junio. “Ese es el horizonte previsto”, le confirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, a este diario. “En ese marco veníamos trabajando en la idea de seguir juntándonos y vamos a acompañar esa presentación de la ley con acciones también en el territorio. Todavía no hemos tomado una definición, pero seguramente en la semana del 19 o en la del 23 haya alguna acción con respecto a la movilización de la gente en la calle”, adelantó el referente estudiantil.

La presentación del proyecto que se hizo el miércoles pasado fue ante diputados y diputada de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, existen otras cinco iniciativas provenientes del peronismo, la izquierda y sectores del radicalismo no alineados con el oficialismo. “Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, vamos a poner toda la energía en una respuesta del Poder Legislativo, así que lo que estamos haciendo los gremios y rectores es ir pidiendo en cada provincia reunión con los diputados y los senadores para ir logrando consenso para la ley”, dijo el Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Daniel Ricci, a Página/12. 

Si bien el frente universitario tiene cinco ejes de reclamos --la recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento ( todas las obras están paralizadas) y la reapertura de la paritaria nacional--, el de lo salarios es el más preocupante. Desde la Conadu denunciaron “una crisis salarial” que impacta no solo en el bolsillo de las y los trabajadores, sino también en la calidad educativa. “El gobierno suspendió de manera unilateral la paritaria universitaria, lo que significa que se consolida y aumenta la crisis salarial, presupuestaria e institucional de la universidad pública y el sistema científico tecnológico”, afirmó el secretario de organización del gremio, Federico Montero, a Página/12.

Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, indicó que el salario está perdiendo todos los meses contra la inflación. “Si tenemos en cuenta lo que pasó con la paritaria nacional, que es un chiste con un ofrecimiento del 0 por ciento, no tenemos ninguna recomposición porque la paritaria universitaria está cancelada ya que desde octubre del año pasado el Gobierno no nos convoca y nos aplica por decreto las mismas recomposiciones que al sector de empleo público nacional. La perspectiva hacia adelante es que el salario se va a seguir hundiendo cada vez más”, agregó.

“Es por eso que necesitamos esta ley porque incluye la recomposición salarial tras todo el desfasaje vivido, tanto para docentes como para no docentes, desde la asunción del gobierno de Milei, que hoy ya supera el 80 por ciento en en relación con el indice del INDEC”, agregó Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). Y destacó el aumento plurianual para llevar el presupuesto universitario al 1,5 por ciento del PIB en 2031. “Hoy está por debajo de lo que estuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, que había llegado cerca del 1 por ciento del PBI. Ahora está en 0,5 por ciento, la mitad”, describió. 

Sin aludir directamente a la situación universitaria, Guillermo Francos advirtió días atrás: "Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar". Es por eso que el frente universitario también busca consenso social, a través de la junta de firmas y de las futuras acciones en las calles. “Vamos a acompañar con movilizaciones la discusión de la ley, sabiendo que el problema de fondo no es simplemente el financiamiento universitario sino el modelo económico de saqueo”, dijo Montero.

Por el momento, la respuesta del Gobierno es casi nula, los aumentos salariales son mínimos y los gastos de funcionamiento no solo no se actualizaron, si no que empeoraron. El dinero que las universidades recibieron en los primeros tres meses de este año es menor en términos nominales al del pasado. “Desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento”, dijeron semanas atrás desde el CIN. Alpa comentó que tuvieron alguna reunión con representantes del área de Educación y hay promesas de equiparación de salario, pero no se sabe la suma ni en qué momento se otorgará. Con respecto a los gastos de funcionamiento existe el compromiso de “subsanar algo en mayo, pero todavía ni siquiera llegamos a los valores del año pasado".

La presentación de la ley no es la única medida, la semana pasada se hicieron jornadas de visibilización durante varios días impulsadas por el Frente Sindical y se sumaron también los estudiantes. Incluso, los gremios nucleados en Fatun y Fedun hicieron un paro de 48 horas. La comunidad de la Universidad de Buenos Aires hizo una movilización hasta el Palacio Pizzurno, donde está la sede de la Secretaría de Educación, de la que participaron alrededor de 8000 personas y tuvo el apoyo del Consejo Superior de la UBA. El mensaje es unívoco: seguirán reclamando en las aulas y en las calles por una universidad pública de calidad. 

Fuente: PAGINA/12